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Francisco Dall’Anese Ruiz, quien fuera fiscal general de la República entre 2003-2010, cuestionó la millonaria póliza que el Ministerio de Hacienda pretende contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS) para liberar de eventuales responsabilidades civiles al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros. El abogado aseguró que le preocupa “profundamente” el aspecto de cobertura en casos de extradición que promete este seguro.
Así lo declaró la noche de este martes al comparecer en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa. “Yo compro una póliza de incendios para mi casa porque se puede quemar. Compro una póliza de salud porque me puedo enfermar, o se pueden enfermar mis hijos y mi esposa. Pero ¿a quién se le ocurre una póliza para un proceso de extradición cuando se acaba de autorizar la extradición por terrorismo y narcotráfico?”, cuestionó.
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“Con esto no acuso a nadie, pero sí creo que quienes redactaron esa póliza tienen que rendir cuentas. No digo que sea el presidente o el ministro, pero alguien puso eso en la póliza, y es porque ese alguien está esperando que lo pidan en extradición. Esto es un indicio muy claro de que hay penetración en el Gobierno de estos males que nosotros no queremos. No estoy acusando a nadie, pero yo sí creo que alguien tiene que dar cuentas de esto”, agregó.
El exfiscal, de 64 años, emitió sus declaraciones tras una intervención de la diputada independiente Gloria Navas Montero, quien solicitó a los miembros de la Comisión referirse a los discursos del Poder Ejecutivo en el contexto de la situación de seguridad que enfrenta el país.
La diputada calificó el manejo en seguridad como “paupérrimo” y “desarticulado”. Además, fustigó que los diputados no cuentan con el apoyo necesario del Poder Ejecutivo; por el contrario, enfrentan constantes críticas y “discursos de odio”.
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La póliza, gestionada por el Ministerio de Hacienda cubriría a 65 jerarcas del Poder Ejecutivo, con un límite por persona de hasta $500.000 anuales y un monto total anual de hasta $3 millones. Según consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), este contrato con el INS tendría una vigencia de 12 meses, renovable hasta por cuatro años.
En la justificación de la contratación, el Ministerio de Hacienda argumentó que la póliza es para “proteger y defender al Estado económicamente de pérdidas por actuaciones dirigidas a satisfacer el interés público”.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció el 28 de octubre que frenó la contratación de la póliza con la intención de enviar una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar la legalidad de utilizar fondos públicos para adquirir el citado seguro.
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles 20 de noviembre, en segundo debate, la extradición de costarricenses cuando sean acusados por terrorismo o narcotráfico. Para ello, se reformó el artículo 32 de la Constitución Política, luego de que la Sala IV determinó que el cambio no conllevaba ningún vicio de inconstitucionalidad.
La iniciativa recibió el aval de 44 diputados, de forma unánime. Ahora, deberá pasar a revisión de la Comisión Especial de Redacción de la Asamblea Legislativa, para definir la versión final del texto y, después de eso, pasar por un debate adicional, exclusivamente por la forma del proyecto, en el plenario.
Tal como lo exige la Constitución Política para el caso de reformas parciales a la Carta Magna, la votación superó los 38 votos, equivalentes a los dos tercios exigidos para este tipo de cambios. Antes de que se integre la reforma en el texto constitucional, debe enviarse a la Casa Presidencial, para que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la incluya en su informe al Congreso, en mayo, y luego dar tres debates más en la próxima legislatura (2025-2026).
Actualmente, la Constitución dice que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”. El proyecto habilitaría una excepción a esa norma, cuando “haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia”.
